Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica

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Caso ilustrativo No. 22 Desaparición forzada de América Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor Señor presidente: usted como cristiano no puede permitir que nuestra hija sea maltratada fisica o mentalmente ya que usted afirma en sus mensajes de cada domingo que todo guatemalteco merece ser respetado por ser semejanza de Dios y de la Patria. ninguna autoridad se ha preocupado por el caso. Yo no puedo seguir viviendo así, ya que mi hija es lo más grande que tengo. 652 ANTECEDENTES Durante el régimen militar del general Efraín Ríos Montt se establecieron los Tribunales de Fuero Especial. 653 Algunos detenidos por razones políticas fueron consignados a estos tribunales en forma secreta, pero la mayoría fueron desaparecidos.
654 651 Carta abierta al jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, publicada en diarios locales, con fecha 26 de abril de 1983, suscrita por los padres de Yolanda Urízar.
652 Carta suscrita por Oscar Pérez Guisasola, padre de Rosa Estela Pérez Villaseñor, dirigida a la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República, con fecha de septiembre de 1984.
653 Los Tribunales de Fuero Especial fueron instaurados por el gobierno de Ríos Montt, el de julio de 1982, en virtud del Decreto Ley 46 82, derogado por el gobierno de Mejía Víctores, el 12 de agosto de 1983, mediante el Decreto Ley 93 83. El Decreto Ley 74 84, del 18 de julio de 1984, otorgó indulto total a las personas condenadas por dichos tribunales. Los casos fueron trasladados a los tribunales ordinarios. Sin embargo, la mayoría de las personas procesadas o condenadas continúan desaparecidas hasta hoy. Los Tribunales de Fuero Especial estaban integrados por jueces sin rostro y de identidad desconocida, quienes podían ser civiles o militares. Tanto los jueces como su personal, eran nombrados directamente por el jefe de Estado. Su competencia territorial era decidida por el jefe de Estado y eran responsables de juzgar delitos de carácter político y conexos. Para los delitos comunes, se ampliaron las penas y se generalizó la aplicación de la pena de muerte.
654 390. Febrero octubre, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 241. Mayo, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 4311. Febrero, 1983. Sololá y ciudad de Guatemala.