y estándares internacionales, así como la legislación nacional. De hecho, el artículo 13 del Código Procesal Penal establece que aquellas audiencias que no sean públicas son nulas ¹10. El 20 de julio, la Corte Suprema destituyó a la jueza Indiana Gallardo Fonseca quién, el día anterior, había insistido en llevar a cabo públicamente la audiencia de tres miembros de una organización estudiantil que habían participado en las protestas y que estaban siendo acusados de crimen organizado¹11. La Corte Suprema argumentó que la jueza había cometido irregularidades relacionadas con cambios en la clasificación de los delitos presentados por el Ministerio Público. ¹12 88. No siempre se permite a familiares y abogados defensores estar presentes en las audiencias, y a los observadores internacionales (incluidos la OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) se les ha negado autorización para monitorear las audiencias ¹13. Los medios de comunicación oficial, a los cuales se le permite regularmente el acceso a la sala del tribunal, han frecuentemente tendido a retratar a los acusados en relación con las protestas como criminales manipulados por los partidos de derecha y como instigadores de un golpe de estado. violando así la presunción de inocencia. Imágenes de muchos de estos juicios han sido difundidas ampliamente.
89. la fecha, los tribunales se han basado predominantemente en testimonios para acusar a las personas de graves delitos en relación con las protestas, incluidos el de terrorismo, de crimen organizado y de homicidio. En algunos casos, el Ministerio Público ha aceptado testimonios de supuestos agentes encubiertos como la única prueba para acusar a los imputados. Estos agentes encubiertos comparecen en la sala de la Corte encapuchados para no ser identificados. Su testimonio, en particular para el delito de terrorismo, tiende a presentar alegaciones similares y hechos repetidos de un caso a otro.
90. Las irregularidades previamente descritas apuntan a violaciones al derecho a una adecuada defensa y al debido proceso de las personas acusadas de delitos por su participación en las protestas sociales. Además, ponen de manifiesto la ausencia de las garantías esenciales de independencia e imparcialidad judicial.
110 Ver por ejemplo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comentario General No. 32 del Comité de Derechos Humanos (párr. 28) y el artículo 34 de la Constitución Nicaragua.
111 Los tres individuos acusados eran Roberto José Cruz Altamirano, Eduardo Manuel Tijerino y Francisco Antonio Castro Jarquín. Fueron detenidos conjuntamente con Solange Centeno y Nelly Marily Roque.
112 Comunicado de Prensa de la Corta Suprema, CSJ destituye a jueza Indiana Gallardo por actuar contra ley expresa. 20 de julio de 2018, disponible en: https: www. poderjudicial. gob. ni prensa notas prensa detalle. asp? id noticia 8900 113 Comunicado de Prensa de la Corta Suprema, CSJ aclara sobre participación del GIEI en las audiencias y juicios. 14 de agosto de 2018, disponible en: https: www. poderjudicial. gob. ni prensa notas prensa detalle. asp? id noticia 8947 y Ver también https: twitter. com OACNUDH status 1023719798306496517 https: twitter. com OACNUDH status 1023719798306496517 https: twitter. com OACNUDH status 1023666860146024456 https: twitter. com OACNUDH status 1023347864582467584 https: twitter. com CIDH status 1018596169671499776 https: twitter. com OACNUDH status 1023347548080275457 https: twitter. com OACNUDH status 1029831549624172 34