Marta Lamas Valentina Rosendo Cantú. Ella tenía 17 años y estaba lavando ropa en el río cerca de su casa cuando un grupo de ocho soldados la abordó. Mientras uno le apuntaba con un arma, otro la interrogó agresivamente sobre la persona que aparecía en una foto y le mostró una lista con varios nombres. Cuando ella contestó que no los conocía, un militar la golpeó con la culata de su rifle y ella cayó al suelo. Dos soldados le quitaron su ropa y uno de ellos la violó. Después, el militar que la había interrogado también procedió a violarla. Esto ocurrió en febrero del 2002, en el poblado de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en Guerrero. Cuando Valentina llegó al centro de salud más cercano, en Caxitepec, el médico en turno se negó a atenderla alegando que no quería tener problemas con el ejército. Valentina, acompañada de su marido y cargando a su hijita de tres meses, caminó durante quince horas hasta llegar al Hospital General de Ayutla. Como no tenía cita previa. la hicieron regresar al otro día, por lo que tuvieron que pernoctar ahí. El marido de Valentina, integrante de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT. asociación de la cual surge la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM. la acompañó a presentar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y el Ministerio Público del Distrito Judicial de Allende.
Jean Franco (2008. quien ha analizado la violación sexual como un arma de guerra, señala que generalmente las mujeres víctimas de dicha violencia sexual no denuncian por la vergüenza y la estigmatización que supone esa agresión. Valentina decidió denunciar y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asumió su defensa legal. Valentina presentó una denuncia contra elementos del ejército por los delitos de violación sexual y lo que resultase de la investigación. Pero la titular del Ministerio Público del fuero común, especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, se declaró incompetente y remitió la investigación a la Procuraduría General de Justicia Militar. Valentina presentó un amparo solicitando que las autoridades militares declinaran la competencia del caso, pues los soldados violadores debían responder ante la justicia civil. partir de entonces, la comunidad de Valentina empezó a recibir mensajes: si persisten en denunciar al ejército, van a tener problemas. 738