Por otra parte, a la CEH le asiste la convicción de que, en este caso, los responsables, en el Organismo Ejecutivo, de realizar las investigaciones de los delitos premeditadamente incumplieron su deber. Además, la inexistencia de una seria investigación posterior por parte de los tribunales de justicia permite concluir que las autoridades del Estado de Guatemala violaron el derecho a la justicia, consumando la desaparición forzada de las víctimas.
190 La CEH considera que este caso ilustra la decisión política de las autoridades del Estado, en el año 1980, de desarticular al movimiento sindical, atacando a sus organizaciones mediante la eliminación sistemática de sus líderes más representativos, bajo la modalidad de la desaparición forzada.
El caso ilustra, asimismo, la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que extendió el concepto de enemigo desde el campo de batalla a las organizaciones sociales críticas al régimen establecido.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS Ejecución arbitraria Jaime Marroquín Garrido Ejecución arbitraria, torturas José Luis Peña Desaparición forzada Adalberto Juárez Adolfo Obdulio Molina Mérida Agustín Chitay Chapetón Alvaro Orlando Estrada Augusto Yach Ciriaco Bernardo Marroquín Salazar Crecencio Coronel Ordóñez Cristina Yolanda Carrera Cabrera Edgar De la Cruz Erwin René Hernández Paíz Florencia Xocop Chavez Gerónimo Alberto Moreno Palencia Guillermo Turcios García Gustavo Adolfo Bejarano Oscal Héctor Manuel Sánchez González Hilda Carlota Pérez Menéndez Ileana del Carmen Minera López Jordan Alberto Salazar Urizar Jorge Luis Serrano José Víctor Herrera Castillo José Ruiz Juan Guerra Castro Julio César Pérez Gálvez Manuel Antonio Rodríguez Ramos Manuel René Polanco Salguero Mario Campos Valladares Mario Martínez Neri Roblero Espinosa Orlando Antonio García Rodríguez Oscar Armando Salazar Oscar Augusto Pérez