La represión como política de terrorismo de Estado en Venezuela (1958 1998)
El Nacional, Caracas, 24 de marzo de 1983, última. En este caso, el Fiscal General de la República Pedro Mantellini González, denunció a Remberto Uzcátegui Bruzual y a ocho funcionarios de la Disip, por violación de domicilio. Los implicados en el allanamiento a la sede de la Fiscalía General y detención del ciudadano Jorge Olavarría, fueron los funcionarios de la Disip Henry López Sisco, Oswaldo Ramos Oviedo, José Antonio Díaz Rojas, Jesús Amaya Silva, Daniel Navas, Marcos Argenis Morales Cardivillo, el Sub Inspector Faustino Pereira Matarraz y el agente Eduardo Cabrera Espinoza, por la comisión de los delitos de violación de domicilio, resistencia a la autoridad y ultraje a funcionario público. El 30 de junio, fue juramentado Remberto Uzcátegui como Ministro de Relaciones Interiores, quizá como premio por sus actuaciones. El 13 de septiembre de 1983, el Juez Superior Tercero Penal, Dr. José Manuel Cabrera, confirmó que no hubo allanamiento a la Fiscalía General y se declaró culminada la averiguación.
Otro caso fue el de la Masacre de Cantaura ésta y otras masacres de esta década son analizadas in extenso más adelante donde el Fiscal General de la República asignó en su momento, a la Fiscal Primero del Ministerio Público, Luisa Marcano Berti, para presenciar las exhumaciones y entrega a familiares de los restos del grupo guerrillero abatido por la aviación militar, la Disip y el Ejército. Sin embargo, fue obligada por las autoridades militares a desalojar el cementerio de El Tigre. La fiscal Marcano Berti sostuvo que fue un abuso de autoridad y expresó que formularía la denuncia ante el Fiscal General de la República, Dr. Pedro Mantellini. Esta acción no tuvo ninguna consecuencia, quedando en evidencia el poder de los cuerpos represivos del Estado.
En marzo del año 1983, un juez del estado Bolívar, dictó auto de detención contra el detective que ultimó a dos presuntos secuestradores de Williams Frank Niehous. Se trató del inspector de la Delegación de la PTJ de Ciudad Bolívar, Evans Guatache, por el presunto delito de homicidio, en las personas de José Encarnación Aquino Carpio y Wilfredo García Silva, presuntos guerrilleros que cuidaban al empresario Niehous. El hecho había ocurrido el 29 de junio de 1979. Sin embargo, el director de la Policía Técnica Judicial, Jorge Sosa Chacín, declaró al periódico El Nacional. Yo no acepto que me presionen, así sea el Fiscal General. Los hombres fueron 141